Podemos definir a grandes rasgos las obligaciones de un administrador de fincas como aquellas que permiten gestionar correctamente el gobierno y la conversación de los bienes encomendados, obtener el rendimiento esperado de los mismos y asesorar en todas las cuestiones relativas a ellos. Entre los bienes que administran no solo se encuentran fincas urbanas, sino también cualquier propiedad del sector inmobiliario. Es importante tener en cuenta que el administrador de una comunidad de propietarios no puede actuar unilateralmente, sino que debe ser primero nombrado en junta y, después, todas sus decisiones se tienen que aprobar por mayoría. Entonces, ¿qué hace un administrador de fincas? Algunas de las funciones que recoge la Ley de Propiedad Horizontal son:

• Elaborar un presupuesto anual de gastos de la comunidad. Gracias a sus conocimientos de contabilidad, es capaz de encontrar la solución más rentable a cada trámite.
• Asesorar en cuestiones jurídicas. Conoce exhaustivamente las normas que regulan las fincas urbanas y, en concreto, la Ley de Propiedad Horizontal, que estipula los derechos y deberes de los vecinos de un inmueble.
• Vigilar el pago de las cuotas. El administrador debe velar por el buen funcionamiento de la finca y, entre otros aspectos, se ocupa de controlar el abono de las cuotas por parte de los vecinos. En caso de morosidad, puede ofrecer soluciones cordiales o, si no es suficiente, emprender acciones judiciales.
• Solicitar y analizar informes técnicos. Gracias a su experiencia, es el interlocutor ideal para los proveedores de la comunidad.
• Ofrecer servicios de secretaría y asesoramiento. Aparte de la legislación de carácter general vigente, el gestor de fincas, inmuebles y comunidades de vecinos debe conocer los estatutos internos que rigen cada edificio. Debe enviar las convocatorias de juntas o reuniones, asistir a ellas y redactar circulares, notificaciones, avisos o actas. Por ello, puede convertirse en un apoyo fundamental para el presidente de la comunidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
• Fomentar la confianza y la seguridad. El control de la tesorería puede ser una fuente de preocupación para los vecinos cuando la convivencia no es tan cordial como se desearía. Por ello, contar con un profesional independiente que se comprometa a gestionar de forma transparente asuntos delicados como el dinero de la comunidad, la protección de datos o los libros de actas puede aportar tranquilidad a los residentes de la finca.

En resumen, entre sus funciones se encuentra velar por el buen régimen del inmueble, el estado de sus instalaciones y servicios, atender a su conservación, ejecutar los acuerdos adoptados en cuanto a obras, trazar planes de gastos e ingresos, controlar a los proveedores, comunicar siniestros a las compañías de seguros y fomentar la buena convivencia entre los vecinos.