A esta realidad normativa se suma la realidad social y lo que los tribunales han ido dictaminando en sus sentencias. Desde hace pocos años el Tribunal Supremo ha decidido sentar jurisprudencia y estimar que el ascensor “es un elemento esencial de utilización del edificio, que redunda en beneficio, sin excepción de todos los propietarios”. Por lo que los titulares de locales y bajos comerciales sí tendrán que pagar una parte de la instalación de un ascensor nuevo que se pone en marcha por primera vez. Esto es así porque, aunque se trata de un gasto extraordinario, es una reforma que está destinada a garantizar la accesibilidad del edificio. Por eso este tipo de mejoras deben asumirse por todos los propietarios, independientemente de si van a utilizar directamente el ascensor o no.

No está de más recordar que la instalación del ascensor es obligatoria si se dan estas condiciones:

1. El solicitante es un propietario mayor de 70 años, con discapacidad o con movilidad reducida.
2. En la vivienda de dicho propietario residen, trabajan o prestan servicios de voluntariado personas mayores de 70 años, con discapacidad o con movilidad reducida.
3. El importe que debe abonar cada vecino no excede las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, tras descontar las ayudas y las subvenciones a las que se tenga derecho.