Como es lógico, la instalación de un ascensor según la Ley de Propiedad Horizontal debe cumplir una serie de condiciones. Por un lado, se establece su obligatoriedad en casos de accesibilidad según ciertos requisitos y, por otro, la posibilidad de plantear una propuesta ante la junta vecinal, es decir, sin que exista una necesidad específica. En este segundo supuesto, debe aprobarse la instalación de la siguiente forma:

1. Después de presentar la solicitud, se convoca a los propietarios para decidir si se realizan las obras o no.
2. La aprobación se consigue por mayoría simple si los propietarios a favor tienen además las cuotas de participación mayoritarias. El número de votos necesarios para aprobar la instalación de un ascensor se conoce como quorum.
3. Aunque no todos los propietarios estén de acuerdo con el resultado favorable, la LPH estipula que están obligados a asumir su parte proporcional de los costes, con independencia del presupuesto final. Si algún interesado no ha podido acudir a la junta vecinal, puede presentar su oposición a la instalación del ascensor en un plazo de 30 días naturales; de lo contrario, su voto se considerará a favor.

Una fuente de dudas habitual tras la aprobación es el pago de la instalación de un ascensor de los propietarios de bajos, así como de los locales comerciales. El principal argumento que suele esgrimirse es que lo usan con muy poca frecuencia (o nunca) y que, por tanto, no tienen obligación de pagar la derrama. Sin embargo, la LPH establece que el reparto de los gastos de instalación de un ascensor se realiza según el coeficiente de participación, es decir, en función de la superficie de cada vivienda. Aun así, las condiciones de aprobación en la junta pueden determinar si estas personas deben definitivamente sufragar su parte, una decisión que prevalece sobre los estatutos.